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Entre los internos trasladados estarían reconocidos cabecillas de estructuras criminales que operan en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.


Mientras se desarrollaba este viernes 7 de agosto la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, se confirmó el traslado de 103 internos considerados de alta peligrosidad desde la cárcel de máxima seguridad La Paz, en Itagüí, Antioquia, hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país.


La información fue dada a conocer por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien señaló que los reclusos fueron enviados a centros penitenciarios ubicados en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y El Barne, entre otras ciudades.


Según el mandatario departamental, entre los internos trasladados se encuentran alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘El Indio’, señalados de ser cabecillas de estructuras criminales con presencia en Medellín, el Valle de Aburrá y sectores del Oriente antioqueño.


Rendón indicó que el procedimiento fue coordinado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el propósito de separar a los principales cabecillas y limitar su capacidad de continuar impartiendo órdenes desde los centros de reclusión.


Una promesa de campaña

El traslado de estos internos había sido anunciado durante la campaña presidencial por Abelardo de la Espriella, quien había planteado la necesidad de trasladar a otros establecimientos a los principales líderes criminales recluidos en Itagüí.


La decisión cobra relevancia debido a las denuncias que rodearon durante este año a la cárcel La Paz, especialmente después de que se conocieran imágenes de una celebración al interior del penal en la que participaron algunos internos.


El escándalo generó cuestionamientos sobre los controles dentro del establecimiento. Posteriormente, el Inpec suspendió a funcionarios y la Procuraduría inició investigaciones disciplinarias.


Con el traslado de los 103 internos, el nuevo Gobierno da una de sus primeras señales en materia de seguridad, en línea con el discurso de endurecimiento de las acciones contra las estructuras criminales anunciado por el presidente durante su campaña.


Las autoridades deberán determinar ahora las condiciones de seguridad y vigilancia bajo las cuales permanecerán los internos en los nuevos centros penitenciarios.


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