El exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro, y la excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sonia Rocío Romero Hernández, llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por su participación en el polémico contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira.
Según la información conocida, los procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con seis escenarios de la celebración y ejecución del contrato, cuyo valor fue cercano a los 83.000 millones de pesos.
La Fiscalía plantea para ambos una condena de siete años y cuatro meses de prisión, aunque el preacuerdo todavía debe ser revisado y avalado por un juez.
Durante la audiencia, Echeverri y Romero manifestaron arrepentimiento por su participación en los hechos. Sin embargo, el representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuestionó los beneficios planteados, especialmente porque, según señaló, no se habrían reintegrado los recursos apropiados.
El delegado también sostuvo que existiría un incremento patrimonial injustificado de aproximadamente $4.330 millones, que estaría relacionado con las gestiones realizadas para favorecer a un grupo de empresarios mediante el millonario contrato.
El caso de los carrotanques fue uno de los hechos que puso en el centro de la opinión pública el escándalo de corrupción alrededor de la UNGRD, debido a los cuestionamientos por presuntos sobrecostos y las condiciones de los vehículos adquiridos para atender las necesidades de agua potable en La Guajira.
El próximo 4 de noviembre se conocerá si la autoridad judicial avala o no los términos del preacuerdo alcanzado entre los procesados y la Fiscalía.
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