Un nuevo escándalo rodea al Consejo Nacional Electoral (CNE) por el manejo de millonarios recursos destinados a la preparación y acreditación de los testigos electorales para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.
Una investigación publicada por La Silla Vacía cuestiona la ejecución de $529.000 millones contratados por el organismo electoral para este propósito y advierte que existirían decenas de miles de millones de pesos cuyos costos no tendrían una justificación clara en los documentos oficiales revisados.
Uno de los casos que más llama la atención es el de las cartillas entregadas a los testigos electorales. Según la investigación, se habrían pagado $160.000 por ejemplares de apenas 20 páginas, un precio que fue comparado con valores del mercado y que genera interrogantes sobre la estructura de costos del contrato.
Pero las cartillas no serían el único punto cuestionado. La investigación también pone bajo la lupa el valor de una herramienta web y el costo de las capacitaciones contratadas para los testigos electorales, componentes que representarían una parte importante de los recursos destinados por el CNE.
$529.000 millones para los testigos electorales
Los recursos fueron distribuidos en dos grandes contratos. El correspondiente a las elecciones de Congreso y la primera vuelta presidencial tuvo un valor de $384.000 millones, mientras que el contrato para la segunda vuelta alcanzó los $145.000 millones.
En total, la cifra llega a $529.000 millones.
La magnitud del gasto resulta aún más llamativa al compararla con el proceso electoral de 2022. Según La Silla Vacía, la Registraduría habría realizado una labor similar ese año con alrededor de $9.000 millones.
El medio señala que, con los $529.000 millones ejecutados por el CNE, podrían adquirirse cerca de 2.000 viviendas de interés social o construirse aproximadamente 15 megacolegios.
Contratos bajo la lupa
Los contratos fueron adjudicados a la Unión Temporal Actores Electorales 2026, integrada por LinkTic, con el 95 % de participación, y BexTechnology, con el 5 %.
La investigación señala además que LinkTic ha obtenido los contratos que el CNE ha entregado para la capacitación y acreditación de testigos electorales.
El contrato de segunda vuelta, por $145.000 millones, contempla ocho componentes, entre ellos servicios tecnológicos, capacitación y kits para los testigos.
Según la investigación, algunas de las cotizaciones realizadas para comparar los precios contratados no coincidirían con los valores pagados por el CNE, especialmente en componentes como la herramienta tecnológica y el material impreso.
¿Qué responde el CNE?
Ante los cuestionamientos, el Consejo Nacional Electoral sostuvo que los precios establecidos en los contratos corresponden a la propuesta presentada por el contratista.
Por su parte, la Unión Temporal Actores Electorales 2026 manifestó que no estaba obligada a revelar su estructura de costos.
La controversia se suma a otros cuestionamientos planteados por La Silla Vacía sobre la contratación del CNE para las elecciones de 2026, particularmente frente a posibles sobrecostos y eventuales favorecimientos.
La investigación también recuerda que los actuales magistrados del CNE fueron los primeros en la historia de la entidad en administrar directamente su propio presupuesto, después de que una disposición incluida en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro les otorgara esa facultad.
Posteriormente, la Corte Constitucional anuló dicha disposición.
Millonario gasto genera interrogantes
El manejo de los recursos destinados a los testigos electorales vuelve así al centro del debate sobre la transparencia y eficiencia del gasto público durante las elecciones de 2026.
El principal interrogante queda planteado sobre cómo se determinaron los precios de los bienes y servicios contratados y si los valores pagados corresponden realmente a los costos del mercado.
Mientras el CNE defiende que los contratos fueron estructurados a partir de las propuestas de los contratistas, la investigación periodística advierte sobre diferencias significativas que deberían ser revisadas por los organismos de control.
Por ahora, los cuestionamientos no constituyen por sí mismos una prueba de irregularidades o delitos, pero sí dejan bajo la lupa la utilización de $529.000 millones de recursos públicos en un componente clave de las elecciones de 2026.
No hay comentarios:
Publicar un comentario