De acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados por el ente investigador, el primer hecho se habría registrado en 2020, cuando Pérez Amorocho se desempeñaba como comandante de un batallón con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, en Arauquita, Arauca.
Según la Fiscalía, en ese momento el oficial habría recibido un primer pago de $15 millones para reducir la ofensiva militar contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.
Posteriormente, en julio de 2025, el coronel asumió el mando de una unidad élite con presencia en municipios de Nariño, entre ellos Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco, además de zonas de Cauca y Valle del Cauca.
La investigación sostiene que, entre enero y mayo de este año, el uniformado habría establecido vínculos con integrantes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia y pactado pagos semanales de hasta $30 millones a cambio de suministrar información sobre los movimientos de la Fuerza Pública.
Presuntamente, esta información habría sido utilizada para facilitar el transporte de estupefacientes, armas, municiones y dinero por parte de las estructuras armadas ilegales.
La Fiscalía también le atribuye haber impedido el avance de tropas hacia un punto específico durante una operación realizada en Nariño, en abril de este año. Según la investigación, esta acción habría permitido que varios cabecillas escaparan en lanchas rápidas antes de ser capturados.
Cuando las unidades militares ingresaron al lugar, no encontraron las caletas de estupefacientes y armamento que habían sido identificadas previamente. La Fiscalía sostiene que estos elementos habrían sido retirados por integrantes del grupo ilegal.
Además, los investigadores señalaron que parte de los narcóticos encontrados en la zona habría sido arrojada al río, presuntamente por orden del oficial, con el propósito de que posteriormente pudiera ser recuperada por la organización criminal.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
El coronel Carlos Didier Pérez Amorocho no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
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