En los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro fue expedido el Decreto 0991 de 2026, mediante el cual se establecen nuevas reglas para determinar los aportes al sistema de seguridad social de los repartidores que trabajan a través de plataformas digitales.
Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con la forma de calcular el Ingreso Base de Cotización (IBC), especialmente para quienes obtienen ingresos inferiores a un salario mínimo o utilizan las aplicaciones durante pocas horas al día.
La reglamentación desarrolla lo establecido en la Ley 2466 de 2025, que contempla que las plataformas asuman el 60 % de los aportes a salud y pensión de los repartidores independientes, además del 100 % de la cotización correspondiente a riesgos laborales.
Sin embargo, representantes del sector de plataformas han expresado preocupación por el impacto que podrían tener las nuevas reglas sobre el costo de las cotizaciones.
Uno de los puntos que genera mayor debate es la base mínima para la cotización de riesgos laborales, que podría establecerse tomando como referencia un salario mínimo, incluso en casos en los que los ingresos reales del trabajador sean inferiores.
Desde el sector advierten que esta situación podría afectar especialmente a las personas que utilizan las plataformas como una actividad complementaria o trabajan pocas horas a la semana.
El decreto abre así un nuevo debate sobre la protección social de los trabajadores de plataformas y el impacto económico que tendrán las nuevas obligaciones para las empresas y los repartidores.
Ahora, el Gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá que evaluar el alcance de esta reglamentación y sus efectos sobre el sector, en medio de las inquietudes planteadas por trabajadores y empresas.
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