Los procesados fueron identificados como Adriana Lucía Mercado Vega, María Angélica Cuello Madarriaga, Neivis Luz Ciolo Tapias y Juan Carlos Meza.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron inicialmente el 22 de abril, cuando los señalados habrían ingresado al inmueble y destruido los cerramientos perimetrales y linderos. Según la Fiscalía, estas acciones habrían ocasionado un detrimento patrimonial cercano a 2.000 millones de pesos a los propietarios del predio.
Las autoridades también señalaron que la ocupación habría continuado el 12 de mayo, cuando estaba prevista una diligencia de desalojo. Los procesados, al parecer, se habrían presentado como voceros de la comunidad y promovido la permanencia de las personas en el lugar.
Posteriormente, los días 25 y 26 de julio, presuntamente obstruyeron vías públicas con el propósito de impedir una segunda diligencia de desalojo, afectando además la libre circulación de los habitantes de la zona.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro procesados los delitos de invasión de tierras y edificaciones, daño en bien ajeno agravado, fraude a resolución judicial o administrativa de policía y obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, agravada.
Las tres mujeres fueron capturadas el 27 de julio, en zona rural del municipio donde ocurrieron los hechos, en cumplimiento de órdenes judiciales. Juan Carlos Meza, por su parte, fue detenido el 4 de agosto.
Ninguno de los cuatro procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
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