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El CTI incautó un celular y una agenda durante la diligencia realizada en la Clínica La Asunción, donde permanecía hospitalizado Gustavo Bolaños Pastrana, procesado por su presunta participación en el millonario entramado de contratación con recursos de regalías.


La Fiscalía allanó la habitación 335 de la Clínica La Asunción, en Barranquilla, donde permanecía hospitalizado Gustavo Bolaños Pastrana, señalado por el ente acusador como uno de los cabecillas del caso Aremca.


La diligencia fue realizada el lunes 14 de septiembre por funcionarios del CTI y posteriormente fue legalizada por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.


Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular y una agenda que se encontraban en la habitación.


Según la Fiscalía, en la libreta habría anotaciones relacionadas con una estrategia para desacreditar y atacar al fiscal encargado de la investigación por el presunto desfalco al Sistema General de Regalías.


Durante la audiencia también se conoció que la Fiscalía recibió información sobre el supuesto uso de un teléfono desde la clínica para consultar redes sociales y hacer seguimiento a una mujer vinculada al proceso, quien estaría negociando un principio de oportunidad con el ente acusador.


La fuente que entregó la información también habría aportado capturas de pantalla en las que, según la Fiscalía, aparecería Bolaños Pastrana siguiendo la cuenta de la procesada.

Permanecía hospitalizado pese a medida de aseguramiento


Bolaños Pastrana permanece bajo una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario desde abril.


Inicialmente estuvo recluido en el Búnker de la Fiscalía y posteriormente estaba previsto su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá.


Sin embargo, fue llevado a la Clínica La Asunción, en Barranquilla, luego de manifestar problemas de salud relacionados con un dolor en el pecho.


La Fiscalía cuestionó las condiciones en las que se produjo su permanencia en el centro asistencial. De acuerdo con información puesta en conocimiento de las autoridades, el procesado habría entregado un abono de $10 millones para permanecer durante un mes en la clínica, pero su estadía se habría extendido más allá de ese periodo.


Ante esta situación, el ente acusador solicitó al Inpec revisar las condiciones de reclusión y pidió la revocatoria de la decisión que había permitido su permanencia en Barranquilla.


El juzgado que legalizó el allanamiento ordenó al Inpec adoptar de manera inmediata las medidas de vigilancia, control y seguridad necesarias para garantizar el cumplimiento de la medida de aseguramiento.


También dispuso impedir que el procesado tenga acceso a teléfonos celulares u otros medios de comunicación que puedan facilitar contactos no autorizados desde el centro hospitalario.


Para el próximo 22 de septiembre está prevista una audiencia en la que se solicitaría la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por detención domiciliaria.

El caso Aremca también involucra proyectos en Córdoba


La investigación de la Fiscalía apunta a un presunto entramado de corrupción relacionado con la contratación de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.


De acuerdo con el ente acusador, varias personas se habrían articulado para lograr que la Asociación de Municipios del Caribe, Aremca, fuera designada como ejecutora de recursos por parte de alcaldías y gobernaciones.


Una vez obtenidos estos avales, presuntamente habrían direccionado de manera irregular 101 proyectos por una cuantía superior a los $496.000 millones.


Los proyectos investigados estaban relacionados con obras civiles, interventorías, saneamiento básico, planes ambientales, agricultura y alimentación, entre otros sectores, y fueron ejecutados en departamentos como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.


La Fiscalía también señaló una posible apropiación indebida de unos $3.200 millones en iniciativas que debían ejecutarse en Arauca.


Además, según la investigación, Aremca presuntamente dejó de retener alrededor de $14.000 millones correspondientes a la contribución especial de obra pública.


En abril, nueve personas fueron capturadas en diligencias adelantadas por el CTI en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, Bolívar, dentro de la investigación.


Entre los delitos imputados se encuentran concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.


La investigación continúa en manos de la Fiscalía y las acusaciones formuladas contra los procesados deberán ser definidas por la justicia.


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