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El senador Iván Cepeda denunció un posible traslado del exsenador a una guarnición militar en Corozal, Sucre. El Ministerio de Justicia aseguró que actualmente permanece recluido en el establecimiento penitenciario de Sincelejo


El caso del exsenador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella generó controversia luego de que el senador Iván Cepeda denunciara un supuesto traslado desde la cárcel La Picota de Bogotá hacia una guarnición militar ubicada en Corozal, Sucre.


Cepeda cuestionó públicamente la situación y pidió claridad sobre las condiciones de reclusión del excongresista, quien cumple una condena relacionada con el caso Odebrecht. La denuncia también abrió interrogantes sobre la aplicación de las medidas penitenciarias anunciadas por el Gobierno.


Ante la controversia, el Ministerio de Justicia y del Derecho emitió una aclaración este 29 de septiembre. La cartera informó que Guerra de la Espriella se encuentra actualmente recluido en el establecimiento penitenciario y carcelario de Sincelejo, bajo custodia y vigilancia del INPEC.


El Ministerio precisó además que no es cierto que actualmente se encuentre privado de la libertad en una guarnición militar ni en una estación de Policía.


Sin embargo, el caso tiene otro elemento. Caracol Radio informó que tuvo acceso a una resolución del INPEC, fechada el 10 de septiembre de 2026, en la que se ordenaba el traslado de Guerra de la Espriella a una guarnición militar de Corozal, adscrita administrativamente al establecimiento penitenciario de Sincelejo.


De acuerdo con la información conocida posteriormente, el Gobierno habría ordenado que el exsenador permaneciera nuevamente en un establecimiento carcelario. Caracol Radio reportó que se dispuso su traslado a La Picota, en Bogotá.


Guerra de la Espriella fue condenado por hechos relacionados con el caso Odebrecht. La Corte Suprema de Justicia le impuso una pena de prisión y sanciones adicionales por delitos relacionados con sus actuaciones como congresista.


El debate continúa alrededor de las decisiones adoptadas sobre su lugar de reclusión, mientras las autoridades precisan los movimientos y órdenes emitidas dentro del proceso penitenciario.

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