Los policías pertenecían a la Jefatura de Protección Presidencial, responsable de brindar seguridad al mandatario durante su gobierno. Tras el cambio de administración, sus nombres aparecen en una disposición que establece nuevos destinos en distintas regiones del país.
Entre los departamentos a los que fueron trasladados figuran Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Meta y Caquetá, territorios que enfrentan diferentes escenarios de confrontación armada, presencia de grupos ilegales y altos niveles de criminalidad.
Los movimientos hacen parte de una reestructuración de personal dentro de la Policía Nacional adelantada tras la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella.
El traslado de estos uniformados se conoce además en medio de otros cambios dentro de la institución, entre ellos la modificación de los cargos de varios oficiales de alto rango que habían sido designados durante la administración anterior.
La decisión ha generado interrogantes sobre el destino de los policías que durante el gobierno de Petro estuvieron asignados a labores de protección presidencial y que ahora deberán cumplir funciones en territorios con mayores riesgos operativos.
Sin embargo, hasta el momento no existe información que permita establecer que estos traslados tengan como propósito sancionar o castigar a los uniformados por haber hecho parte del esquema de seguridad del anterior mandatario.
La medida puede ser interpretada como parte de una reorganización administrativa y operativa de la Policía tras el cambio de gobierno, aunque el alcance y los criterios utilizados para definir los nuevos destinos han generado debate.
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