La Gobernación de Córdoba puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación dos casos que estarían relacionados con presuntas irregularidades en el sector educativo, luego de recibir información y realizar las verificaciones correspondientes a través de sus dependencias.
El primer caso involucra a un ciudadano que, presuntamente, se estaría haciendo pasar por funcionario de la Gobernación de Córdoba para ofrecer a docentes y particulares supuestas gestiones relacionadas con nombramientos, traslados y acceso a cargos públicos a cambio de dinero.
Según la información recopilada, el señalado habría solicitado sumas que oscilarían entre 10 y 40 millones de pesos a las personas interesadas. Además, presuntamente habría utilizado el nombre de la administración departamental y asegurado tener vínculos con entidades como la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y la Contraloría.
Ante estos hechos, la Gobernación interpuso una denuncia por presunta estafa, con el propósito de que la Fiscalía adelante las investigaciones y determine si existe una conducta delictiva y quiénes serían los responsables.
Denuncia por presunta falsedad documental
El segundo caso fue detectado por la Secretaría de Educación Departamental, donde se encontraron presuntas inconsistencias en documentos utilizados para tramitar incapacidades médicas por parte de una docente de una institución educativa oficial.
Tras conocer la situación, la Secretaría solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) verificar la documentación presentada. La entidad habría confirmado que algunos de los documentos no correspondían a incapacidades válidas.
Por esta razón, la Gobernación de Córdoba presentó una denuncia ante la Fiscalía por los presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, con el fin de establecer las circunstancias en las que fueron utilizados los documentos y determinar las eventuales responsabilidades.
La administración departamental precisó que se trata de dos casos independientes, ambos puestos en conocimiento de las autoridades judiciales, que serán las encargadas de adelantar las investigaciones y establecer si se configuraron delitos.
La Gobernación también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar entregar dinero a intermediarios que prometan nombramientos, traslados o acceso a cargos dentro de la administración pública, al advertir que estos trámites no requieren intermediarios ni cobros.
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