La medida busca impedir que personas privadas de la libertad continúen utilizando los centros penitenciarios como plataformas para coordinar actividades criminales en el exterior.
De acuerdo con el Gobierno, uno de los principales objetivos es cortar las redes de comunicación que permitirían a integrantes de estructuras delincuenciales mantener contacto con sus organizaciones y, presuntamente, impartir instrucciones para cometer extorsiones, intimidaciones y otros delitos.
El presidente Abelardo De La Espriella defendió la decisión y aseguró que quienes están privados de la libertad deben cumplir sus condenas y no continuar ejerciendo funciones de mando sobre organizaciones criminales.
“Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales”, afirmó el mandatario.
La operación fue adelantada por las autoridades penitenciarias con el respaldo de la Fuerza Pública. Los internos fueron distribuidos en establecimientos de mayor seguridad, buscando reducir su capacidad de comunicación y de influencia sobre estructuras delincuenciales.
La decisión cobra especial importancia en Barranquilla y su área metropolitana, donde las autoridades han identificado disputas entre diferentes organizaciones dedicadas a actividades como la extorsión y el tráfico de estupefacientes.
El Gobierno aseguró que continuará implementando medidas para evitar que las cárceles sean utilizadas como centros de operaciones del delito.
“En Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito”, reiteró el presidente De La Espriella al referirse a la estrategia de seguridad penitenciaria.
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