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El presidente Iván Duque
pidió acciones contundentes contra los acusados por la Contraloría General de beneficiarse de auxilios entregados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, usando documentos de identidad de personas fallecidas. El mandatario calificó a los responsables como "ratas de alcantarilla".


Dijo: "Es doloroso que se presenten ratas de alcantarilla, que son esos contratistas que con artilugios buscan desviar recursos para quedarse con ellos en los bolsillos y no entregárselos a los niños de Colombia".


Aseguró que "se ha venido haciendo un trabajo arduo" luego de que el ente reportara más de 15.000 documentos de identidad de personas fallecidas con los que se entregaron al menos 28.000 raciones.


Pidió "acelerar la entrada en funcionamiento del sistema Beto y que el cruce de bases de datos con la Contraloría sea cada vez más efectivo con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil".


Duque además, dio instrucciones al Icbf y al Ministerio de Educación que hagan la denuncia penal contra los contratistas que entreguen información fraudulenta para obtener los contratos del Programa de Alimentación Escolar.


Según la Contraloría, estas raciones tienen un costo de $2.241 millones, ya que cada una tenía un valor mínimo de $80.000.


De las más de 28.000 raciones asignadas a personas fallecidas, 4.548 se realizaron La Guajira entre mayo, junio y julio.


Tras conocerse el informe, la directora del Icbf, Lina Arbeláez, afirmó que no había sido notificada de manera oficial por la Contraloría y aseguró que desde el primer momento en que se dio la flexibilización de los servicios a causa de la pandemia, el Instituto le solicitó un acompañamiento particular del ente de control, con el fin de apoyar la supervisión y verificación de los operadores encargados de entregar las canastas nutricionales.


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