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Columna de Opinión
Por: Marcos Daniel Pineda García. 


Han pasado cerca de tres meses desde que un grupo de indígenas provenientes del Alto Sinú, arribaron a Montería y levantaron un refugio improvisado en el parque central de  la ciudad.


Aunque no falta aquel que encuentra esta situación pintoresca, la realidad es que se trata de una grave crisis humanitaria, en la que cientos de personas, entre las que se cuentan niños de todas las edades, incluyendo recién nacidos, así como adultos mayores pertenecientes a una comunidad altamente vulnerable, sobreviven en condiciones infrahumanas, entre toldos, plásticos y hamacas, cocinando y alimentándose a la intemperie y expuestos diariamente a contagiarse no solo de Covid-19, sino también de muchas otras enfermedades. 


Son precisamente los niños quienes más han sido afectados: más 100 de ellos fueron diagnosticados con diferentes padecimientos, como enfermedades respiratorias, diarrea, fiebre, infecciones en la piel y lo más alarmante, desnutrición


Todo esto, sin contar con los accidentes a los que se encuentran expuestos en un entorno urbano con el que no están familiarizados, como ocurrió ya con dos niñas menores de 10 años, una fue arrollada por un vehículo mientras inocentemente jugaba en la calle 27 y otra resultó gravemente herida tras caer de uno de los árboles del parque. Así como el caso de tres miembros de esta comunidad que fueron mordidos por serpientes mientras se bañaban a orillas del río Sinú.


Lo anterior, representa sin duda un problema de salud pública, que vendría a sumarse a la ya grave situación de la pandemia, que como sabemos, ha golpeado fuertemente a nuestra ciudad. Desde el pasado mes de abril todas estas personas se encuentran hacinadas en un espacio completamente inadecuado, que dicho sea de paso, en este momento está prácticamente vedado para los demás ciudadanos, sumado a otro grupo que se encuentra acampando frente a las oficinas de Urrá, en la calle 48 entre carreras segunda y cuarta, bajo sol y agua. 


Si bien el resolver las peticiones de quienes ocupan el parque quizá no es competencia directa de los mandatarios locales, sí es su deber adelantar de manera decidida una labor de intermediación ante instancias del orden nacional, ya sea Ministerio del Interior o la misma Presidencia de la República, para lograr una salida pronta a esta problemática.


Mientras se llega a una solución, sugiero respetuosamente que se les proporcione un albergue temporal que ofrezca mejores condiciones para estas personas, con plenas garantías de seguridad, como un predio del Municipio o el Departamento, donde además se les pueda brindar atención humanitaria.


Esto, a su vez, permitiría que el parque vuelva a la cotidianidad, dando un respiro a los comerciantes del lugar, quienes también se han visto afectados por la situación.


Sea cual sea la razón por la que tantas personas se vieron obligadas a desplazarse a la ciudad y abandonar su territorio ancestral, es deber del Estado, incluyendo a los gobiernos locales, encontrar una pronta solución, trabajar conjuntamente para que Montería vuelva a recuperar su ya maltrecha normalidad y los monterianos dejemos de preguntarnos: ¿hasta cuándo?

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