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Tres proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS)
que se ubican en el departamento de Córdoba están siendo investigados por la Contraloría General de la República (CGR).


Se trata de los proyectos San Rafael (Montelíbano), Unidad Residencial Lo Nuestro (Tierralta) y Urbanización Marina Náder (Puerto Libertador), los cuales suman más de $846 millones y en los que según la CGR se evidenciaron hallazgos fiscales.


Estos resultados se dieron con base a la evaluación que la Contraloría llevó a cabo en la gestión del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) para la legalización de los subsidios familiares del programa Bolsas Anteriores.


El ente de control halló que en todo el país se presentaron 25 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $4.434 millones, 18 con posible incidencia disciplinaria, 1 que da pie a una indagación preliminar y 2 para procesos administrativos sancionatorios.


El programa Bolsas Anteriores se refiere a los subsidios de vivienda asignados en el marco legal establecido con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 de 2012, la cual a su vez definió las normas para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, a título de subsidio en especie.


La Contraloría informó que los tres proyectos en Córdoba tienen hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales y dos de ellos ya están ad portas de ser sancionados administrativamente.


Sobre el proyecto San Rafael, la Contraloría explicó que en este se destinaron $200 millones, mientras que en la Unidad Residencial Lo Nuestro se han invertido hasta el momento $192 millones. En cuanto a la Urbanización Marina Náder, en esta se destinaron recursos por el orden de los $453 millones. Estos dos últimos para población desplazada.


Así mismo, el ente informó que esta situación con los subsidios VIS se repitió en departamentos como Bolívar, Magdalena, Caquetá y La Guajira, los cuales habrían causado un detrimento de $4.434 millones.


Dentro de los proyectos, la Contraloría detectó una serie de deficiencias, entre las que se destacan: inversión de recursos en obras de urbanismo que no cumplieron con el objetivo, pues después de 5 años aún no han sido entregadas a los beneficiarios; debilidades en la planificación y viabilización de los proyectos, parálisis en los proyectos de vivienda desde hace más de 2 años, incluso alguno hasta más de cinco, sin que Fonvivienda tome las medidas administrativas para asegurar su efectiva culminación y entrega a la población beneficiaria o para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las garantías.


Otra irregularidad detectada por la CGR fue que se evidenció asignación de subsidios a favor de personas fallecidas, lo cual se determinó al cruzar bases de datos de beneficiarios de SFV con la base de datos de fallecidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Contraloría estableció que, en 1.468 casos, Fonvivienda asignó SFV a beneficiarios en fechas posteriores a su fallecimiento.


Ante estos hallazgos, La CGR solicitó al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) un Plan de Mejoramiento, que incluya acciones correctivas y preventivas dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a las falencias detectadas.


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