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Después de 31 años de la masacre cometida por paramilitares en el corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo en Antioquia, la Fiscalía está ad portas de ponerle fin al drama de las familias que buscan a los desaparecidos de esa acción violenta. Los restos de buena parte de los 43 desaparecidos están enterrados en el cementerio del barrio P-5 en Montería.


Un grupo especializado de derechos humanos de la Fiscalía llegó al campo santo en la capital de Córdoba para coordinar las acciones de traslado de los cuerpos de ciudadanos sepultados oficialmente en Montería, pero que sus bóvedas fueron utilizadas para meter aquellas víctimas del paramilitarismo.


Adria del Socorro Gómez Vásquez, adscrita a Fiscalía 105 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, explicó que, de común acuerdo con los familiares dueños de bóvedas y nichos, adelantarán inspecciones en un terreno de 310 metros cuadrados correspondientes al lado C de las líneas 5, 6, 7 y 8 del cementerio San Antonio, donde se tiene certeza de al menos 35 cadáveres de esa masacre allí depositados.


Los restos de personas ajenas a ese lamentable suceso del conflicto armado serán llevados a un depósito temporal, mientras los forenses proceden con la exhumación de las víctimas de la masacre que yacen en el subsuelo de ese camposanto.


Será un proceso que durará varios días, se explicó por parte de la Fiscalía, que luego ddel proceso, tendrá que hacer los cotejos oficiales para corroborar identidades y en ceremonias privadas hacer la entrega de los restos a sus familias oficialmente.


Los dueños de bóvedas y nichos del cementerio en Montería, aseguran que hay personas enterradas a un costado de sus familiares, algunos tienen nombre, otros aparecen como NN, han hecho llamado a personas que conocen a esas víctimas, entre ellas un defensor público.


Contexto


El 14 de enero de 1990 grupos paramilitares liderados por Fidel Castaño, con complicidad de miembros del Batallón de Infantería No. 32 «Francisco de Paula Vélez, desaparecieron forzadamente a 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia.


El 31 de enero de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH- profirió Sentencia en la que determinó que el Estado colombiano violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las 43 personas desaparecidas; y el derecho a la integridad personal, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los familiares de las víctimas. Así mismo, la Corte ordenó al Estado reparar a estas familias.


Fuente: gsnoticias

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