Esta semana al municipio de Planeta Rica llegó una comisión de la Contraloría General de la República para auditar el contrato de atención del Covid, en el que están involucrados la Administración Municipal y el Hospital San Nicolás .
Los funcionarios realizaron una auditoría a un contrato de 295 millones 170 mil pesos, en cumplimiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal surgido por una querella presentada ante el ente de control, en la que se denuncia una serie de irregularidades administrativas.
El objetivo del contrato del año 2020 era la adquisición de insumos sanitarios para atender la emergencia causada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, en el municipio de Planeta Rica.
Una fuente indicó que los funcionarios del ente de control quisieron entrevistarse con los responsables de la contratación, pero al final del día no se pudo.
Recordemos que este contrato estaba en el ojo del huracán desde septiembre de 2020, cuando la Contraloría señaló que en el proceso contractual no existió ningún tipo de control, lo cual causa efecto de riesgo en el cumplimiento de la normatividad vigente y tipifica hallazgo administrativo.
La Contralora Auxiliar Delegada para Responsabilidad Fiscal, Tania Jiménez Domínguez, en su informe referente al resultado de la auditoría, señaló en su momento que "se evidencia deficiencias en el adecuado seguimiento a los procesos contractuales conllevando a posibles hechos irregulares de la contratación y falta de comunicación en las áreas de la entidad".
Recordemos que en este proceso están implicados el alcalde de Planeta Rica, Rubén Tamayo Espitia; Lina Romero Benítez, gerente de la Empresa Social del Estado, ESE, Hospital San Nicolás de Planeta Rica y Jorge Luis Mercado Cuello, representante legal de la firma Distribuciones, Jorge Luis Mercado Cuello.
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