De acuerdo con la Fiscalía, los predios afectados están distribuidos en San Bernardo del Viento en Montería, en Tierra Alta en Córdoba y en Necoclí y Medellín en Antioquia.
Los inmuebles valorados en 14 mil millones de pesos fueron obtenidos por el tráfico de estupefacientes, las extorsiones y la minería ilegal.
En un operativo de la Fiscalía y la Policía, bienes de la banda criminal ‘Los Chatas’ de Bello, norte del Valle de Aburrá, valorados en 14 mil millones de pesos y obtenidos por el tráfico de estupefacientes, las extorsiones y la minería ilegal, fueron embargados con fines de extinción de dominio.
El coronel José Roa Castañeda, subdirector Antinarcóticos de la Policía, precisó que se trata de 61 bienes, entre los que hay fincas lujosas, lotes y numerosas cabezas de ganado.
De acuerdo con la investigación, harían parte de la fortuna ilegal de Édison Maya Ríos, alias ‘El Gomelo’, y su hermano Juan David Ríos García, alias ‘Willi’.
"Entre los bienes que encuentran fincas, casas, lotes y semovientes, según la investigación pertenecerían a alias 'El Gomelo', integrante de la organización delincuencial 'Los Chatas', importante resaltar que en el presente año, la dirección Antinarcóticos ha logrado la ubicación de 187 bienes, los cuales tienen un costo aproximado de 80 mil millones de pesos".
De acuerdo con la Fiscalía, los predios afectados están distribuidos en Necoclí y Medellín en Antioquia; en San Bernardo del Viento en Montería y en Tierra Alta en Córdoba.
Entre los bienes que pasaron a extinción de dominio, hay cinco inmuebles rurales, once urbanos y cinco vehículos, que figuran a nombre de varios integrantes de una misma familia que habrían prestado sus nombres para que les fueran escriturados.
En el desarrollo de la investigación también se logró determinar la participación del núcleo familiar de Edison Maya Ríos, así como de Alba Luz Bolívar Betancourt. Estas personas habrían prestado sus nombres para dar apariencia de legalidad a bienes adquiridos por la familia Castaño Gil.
Dichos activos, al parecer, luego eran entregados como donación a la fundación por La Paz de Córdoba (Funpazcord), la cual habría sido utilizada por los hermanos Castaño Gil para legalizar los despojos de tierras y el lavado de activos obtenido producto de sus actividades ilícitas.
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