La acción de los dos juristas generó un detrimento patrimonial de 20.991 millones de pesos al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Ministerio de Educación Nacional y a la Fiduciaria La Previsora.
Según la investigación del entramado criminal, en los hechos también participaron docentes que prestaron sus servicios en la Secretaría de Educación de Córdoba, abogados, jueces y funcionarios.
Así las cosas, entre 2010 y 2011 los sentenciados acudieron a un juez de Planeta Rica (Córdoba) para que fallara a favor de sus representados y ordenara el pago de 64.925 millones de pesos en pensiones.
Además, para garantizar el desembolso de los recursos, las decisiones judiciales dispusieron el embargo de las cuentas corrientes de la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación Nacional, una actuación contraria a la ley.
Según el material de prueba, los dos abogados respaldaron las peticiones de los profesores en retiro con poderes, firmas, resoluciones, certificaciones laborales y más 6.500 documentos falsos.
En ese sentido, Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y su hijo fueron condenados a 21 años y 8 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación agravado y tentativa de peculado por apropiación agravado.
Además, deberán pagar una multa de 20.991 millones de pesos y cumplir la pena en centro carcelario.
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