El reclutamiento forzado: una amenaza que no cesa contra niños, niñas y adolescentes en Córdoba. Paras y disidencias, son las principales amenazas.
Cuatro municipios de ese departamento concentraron casi el 20 % del total de casos de reclutamiento forzado en todo el país desde la firma del Acuerdo de Paz. Las Agc o Clan del Golfo, los Caparros y el Eln reclutan a jóvenes indígenas, campesinos y habitantes de cascos urbanos para ganar control territorial.
Cuatro municipios del departamento de Córdoba (Montería, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Ure) concentraron el 20 % de los 1.020 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que se presentaron en todo el país desde la firma del Acuerdo de Paz. En total, 194 registros se dieron en esas zonas desde noviembre de 2016 hasta diciembre de 2020.
Algunas denuncias también apuntan a que en los municipios de Puerto Libertador y Tierralta estos grupos tienen centros de entrenamiento como los que tenían las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, que usaban fincas en la región para dar capacitaciones militares y de inteligencia a sus combatientes.
Estas cifras y denuncias fueron recogidas en una investigación publicada esta semana por el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (OCCO), que también advierte que hay un 77 % de subregistro en los casos de reclutamiento forzado, es decir, que las cifras podrían ser mucho mayores a las reportadas. Para Julia Castellanos, del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalico, la gravedad del hecho se suma a que no existen las garantías de seguridad para que las familias y jóvenes víctimas denuncien este crimen en territorios controlados por grupos armados ilegales.
Además, la Coalico ha denunciado que existen muchos vacíos en la ruta de atención a las víctimas de reclutamiento, haciendo que las familias prefieran, en la mayoría de los casos, no acudir a las autoridades. La situación en Córdoba es particularmente compleja, debido a que el departamento es centro de disputas entre el Eln y organizaciones criminales, como las Agc o Clan del Golfo, que quieren tener el control territorial para el comercio ilegal de drogas y armas, así como la trata de personas.
José*, un líder juvenil de San José de Ure, denuncia que una de las formas como los grupos ganan control territorial es con el número de personas adheridas. En las cabeceras municipales, afirma el líder juvenil, atraen a los jóvenes con trabajos los fines de semana, en los que les pagan hasta $600.000, una cantidad de dinero que no conseguirían trabajando como vendedores, mensajeros o “panfleteros” de negocios comerciales. Además, explica que cada grupo paga diferentes sumas de dinero y así se “pelean” a los jóvenes. De acuerdo con José, las actividades que les delegan son sencillas: entregar panfletos o avisar quién entra y sale de determinado lugar. Sin embargo, eventualmente las obligaciones van cambiando al punto de que los jóvenes se ven obligados a abandonar el colegio y entrar “formalmente” a las filas del grupo.
Tomado: Espectador.
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