El plan pistola que impulsa desde hace tres semanas el Clan del Golfo en varias regiones del país tiene atemorizadas a las familias de los uniformados que cruzan diariamente la puerta de los hogares para salir a prestar los servicios de vigilancia. Ellos temen recibir una llamada de un oficial de la institución en la que les den cuenta del asesinato de su hijo, esposo o padre.
En lo que va corrido del año, 36 policías han muerto violentamente en cumplimiento de sus funciones. De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal, 26 homicidios fueron cometidos por sicarios de la organización delincuencial que comandó hasta 2021 alias Otoniel, y que hoy está pagando hasta cinco millones de pesos por disparar contra los miembros de la fuerza pública en Antioquia.
Catalina Torres Agudelo, vocera del grupo que recoge a las esposas de los uniformados en Medellín, expresó que todo el núcleo familiar está en riesgo ante las amenazas del Clan del Golfo, porque el grupo armado instaló en las calles del departamento a un grupo de personas para que dieran cuenta de los pasos que dan los policías. Las autoridades los definen como campaneros, postes o puntos.
Si bien en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no hay indicios de que la organización delincuencial opera en la ciudad, recientemente la Policía Nacional dio a conocer que un grupo ilegal del municipio de Bello habría realizado alianzas para extender el plan pistola a la capital de Antioquia. Prueba de ello es el doble homicidio de patrulleros que ocurrió en el corregimiento San Félix.
“Todas las familias nos sentimos en una incertidumbre: si llegan o no llegan. Acá estamos amenazados todos. ¿Con qué ganas sale uno a la calle? ¿Con qué ganas uno deja a los niños en la guardería o en los colegios? Ellos saben que el punto débil de los policías son las familias. Acá no le están haciendo daño al Gobierno, le están haciendo daño a unas familias”, afirmó Catalina Torres Agudelo.
Ella denunció que, una vez los miembros de la fuerza pública se quitan el uniforme, quedan desprotegidos a razón de que los ilegales están llegando hasta las viviendas a asesinarlos y ellos no tienen con qué responder porque la institución no les permite volver a la casa con el arma de dotación. En un municipio de Córdoba, por ejemplo, se cometió el homicidio de un patrullero frente a su madre.
A raíz de esa condición, el grupo de esposas le pidió a la Dirección General de la Policía Nacional que les permita a los uniformados portar la pistola para que se puedan defender del Clan del Golfo cuando están fuera del servicio. A juicio de ellas, los hombres y mujeres de la institución hoy no tienen el derecho a la defensa y se sienten desprotegidos por el Estado.
“Nos estamos viendo abandonados por el Gobierno y los mismos oficiales de la Policía. A ellos los están mandando para las casas sin armas y, fuera de eso, no hay nadie quién los defienda. Necesitamos más acompañamiento y, que al menos, los dejen con el arma de dotación y que no sea solo en el trabajo. Ellos se sienten agobiados, tristes y no les provoca salir a la esquina”, agregó la vocera de las mujeres.
De igual manera, les pidió a los ilegales del Clan del Golfo que “se pongan la mano en el corazón” porque ellos también tienen familia y no les gustaría padecer el dolor que hoy cargan los allegados de los 33 policías que han muerto en Colombia. “Que piensen en los chiquitos, que se pongan a pensar que al Gobierno no le están haciendo el mal, sino a nosotros como familia”, concluyó la líder del grupo.
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