La Procuraduría General de la Nación pone lupa a rellenos sanitarios en Córdoba y advirtió posibles prácticas restrictivas de la competencia entre los operadores de los rellenos sanitarios licenciados Loma Grande, Las Tángaras y Los Cerros en el departamento de Córdoba.
En comunicación enviada a la Superintendencia de Industria y Comercio, el ente de control mostró su preocupación por las quejas y denuncias recibidas sobre intereses de particulares por asegurarse el monopolio en el mercado de los residuos de la región.
La PGN además afirmó que, si desde el gobierno nacional no se implementa una vigilancia permanente y rigurosa a estas prácticas restrictivas entre los operadores Urbaser y Siempre Limpio del Caribe, “esta situación puede desembocar en una grave afectación de los derechos que tienen los ciudadanos a que se les garantice de manera adecuada y eficiente la prestación del servicio público esencial de aseo en su componente de disposición final de residuos”, esto no sin antes solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizar vigilancia y control al cumplimiento de la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que ordenó suspender la entrada de 40 % de los desechos que actualmente ingresan diariamente al relleno sanitario de Loma Grande.
Como garante de los derechos de los ciudadanos, la Procuraduría ha mediado entre la comunidad y las autoridades departamental, municipal y ambiental para que aseguren una vigilancia y control a las actividades de estos rellenos, que “prestan un servicio y que no se puede ver interrumpido, menguado, u obstaculizado por cuenta de intereses privados o de particulares”.
Adicionalmente, pidió verificar si con ocasión de los bloqueos que se han presentado en la vía de acceso al relleno Loma Grande, la empresa Urbaser está dando cumplimiento a los planes de contingencia.
La Procuraduría hizo un llamado urgente a la Superservicios y a la SIC a ejercer una estricto seguimiento y control a las actividades que se desarrollan en torno al servicio público de aseo, en aras de garantizar la prestación bajo los parámetros de eficiencia, cobertura, continuidad y calidad, así como proteger el derecho a la libre competencia económica en los mercados y de los intereses de los consumidores.
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