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En las recientes horas se conoció el nuevo rumbo que tomó la investigación contra el coronel retirado de la Policía, Benjamín Núñez, por el caso de falsos positivos que se registró en Chochó, Sucre. 


Los hechos ocurrieron el pasado 25 de julio cuando fueron hallados tres jóvenes sin vida en un hospital de Sincelejo. 


Una vez se conoció su muerte, algunos familiares denunciaron que Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo habían sido retenidos por uniformados de la Policía Nacional luego de confundirlos con guerrilleros del Clan del Golfo. 


Tras iniciarse las labores investigativas para determinar el modo, hora y lugar del crimen, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Núñez y reveló que las tres víctimas fueron asesinadas “en un estado evidente de indefensión” y que “el coronel Benjamín Núñez, con su arma de dotación, le disparó tres veces a corta distancia a Carlos Ibáñez (brazo, abdomen y tórax) y José Carlos Arévalo (tórax) y un disparo en contra de Jesús David Díaz”. 


El nuevo giro en el caso


El ente acusatorio también indicó que Núñez “repuso la munición que gastó con la aparente intención de dificultar el esclarecimiento de lo sucedido (…) reunió a 10 policías en su despacho y les habría pedido firmar un informe que consignaba información falsa, en medio de intimidaciones con una ametralladora mini uzi”. 


Entretanto, recientemente se conoció que el exuniformado aceptó su responsabilidad por la muerte de los tres jóvenes y accedió al preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que se estableció una pena de 29 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, privación de la libertad, falsedad ideológica y ocultamiento, alteración y destrucción de elementos probatorios.  


Por el momento, deberá ser un juez de la República el que defina si la pena establecida en el preacuerdo es la que deberá pagar el coronel retirado para reparar a las víctimas. 


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