La administración departamental intentó negociar con los ocupantes durante varios años, sin obtener una respuesta positiva, por lo que se decidió realizar el proceso policial con el acompañamiento de entes de control, incluyendo la Personería de Montería y la Policía Metropolitana.
El bien inmueble pertenece al inventario de predios de la gobernación de Córdoba y estaba siendo ocupado por terceros sin ningún contrato o permiso. Además, se habían reportado situaciones de consumo de drogas y otras actividades ilícitas en el lugar.
La administración departamental también ha anunciado que se comenzará a recuperar otros predios abandonados en los municipios de Ayapel, Planeta Rica, Cereté y Lorica, en coordinación con diferentes instituciones para brindar una atención integral a las personas afectadas y para el beneficio de la comunidad en general.
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