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La Fiscalía General de la Nación toma medidas contra sospechosos de corrupción en Córdoba, ocupando 36 bienes

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación han llevado a cabo la ocupación de 36 bienes, presuntamente relacionados con un entramado de corrupción en el manejo de fondos destinados a la atención de la primera infancia en el departamento de Córdoba.


Entre los bienes ocupados se encuentran 29 inmuebles rurales, 3 urbanos y 4 vehículos ubicados en las ciudades de Montería y Cereté. Según una evaluación preliminar, el valor total de estos activos supera los 5.400 millones de pesos.


Estos bienes están registrados a nombre de Mariela del Carmen Peña Sibaja, Jorge Luis Peña Atencio, Carlos Fernán Lázaro Arroyo y Cindy Isabel Bermúdez Cuitiva, quienes están vinculados a una fundación que suscribió un contrato en 2015 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para brindar asistencia a niños menores de cinco años. El valor de dicho contrato ascendió a 7.407 millones de pesos.


Durante el desarrollo del proceso penal, la Fiscalía determinó que los responsables de ejecutar dicho contrato presuntamente se habrían apropiado de 2.705 millones de pesos.


Como resultado de estas investigaciones, los implicados han sido imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado, y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.


Los bienes afectados por las medidas cautelares, que incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, han sido entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.



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