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En una revelación dada a conocer por el director de la Policía, general William Salamanca, se informó que, en el transcurso del presente año, se han registrado 510 detenciones de policías vinculados a diversos delitos. Esta cifra refleja un aumento del 25 % con respecto al año anterior, resaltando la imperiosa necesidad de abordar el problema de la corrupción en el seno de la institución.


Salamanca destacó el compromiso de la Policía para erradicar cualquier indicio de corrupción, enfatizando la implementación constante de políticas de transparencia y el fortalecimiento de la contrainteligencia. "No toleramos ningún asomo de corrupción en la institución. Hay una política de transparencia que se implementa todo el tiempo y también el fortalecimiento de la contrainteligencia para detectar a aquel policía que le esté fallando a su código de ética y a la Constitución", afirmó el director.


El alto funcionario agregó que estas capturas son el resultado de investigaciones internas de la propia institución y de la labor de inteligencia, contrainteligencia y la Policía Judicial. Subrayó la determinación de la Policía para combatir la corrupción, especialmente cuando se relaciona con actividades ilegales como el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales.


Sin embargo, en medio de esta preocupante situación, surgen informes en redes sociales sobre un presunto soborno que habría permitido la liberación de un individuo detenido por abuso sexual. Las autoridades aún no han emitido comentarios sobre este caso, que ha generado indignación entre la población.


Uno de los casos más recientes de policías capturados tuvo lugar en Cúcuta, Norte de Santander, donde se acusa a los agentes de actuar como una red criminal. Los delitos imputados incluyen concusión, secuestro simple agravado y falsedad ideológica en documento, relacionados con falsos allanamientos.


Los uniformados involucrados en este caso enfrentan medidas de aseguramiento después de realizar un allanamiento sin orden judicial en una residencia de Cúcuta. Durante este operativo no autorizado, una mujer y sus dos hijas fueron retenidas por varias horas. Los policías alegaron haber encontrado mercancía de contrabando, pero el propietario demostró la legalidad de la mercancía, sugiriendo que los uniformados buscaban exigir dinero para evitar acciones legales contra los civiles. Este episodio destaca la necesidad urgente de revisar y mejorar los protocolos internos para prevenir abusos y corrupción dentro de la Policía.

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