En el municipio de Cereté, un grupo de vendedores de pescado alzó su voz contra lo que consideran un abuso de autoridad por parte de la Policía Metropolitana, tras el decomiso de sus productos. La denuncia fue presentada por una vendedora cuyo sustento depende directamente de la venta de pescado, y asegura que su actividad se ha visto seriamente afectada por la intervención policial.
La situación se desencadenó cuando agentes de la policía ambiental llevaron a cabo el decomiso de pescado fresco, argumentando irregularidades en el tallaje mínimo de los peces. Sin embargo, la vendedora afectada argumenta que el pescado decomisado es el mismo que se utiliza comúnmente para la venta en diversos municipios del medio y bajo Sinú.
La denunciante sostiene que, según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), los uniformados no tenían la autoridad para llevarse el pescado sin una orden. Este conflicto ha generado indignación entre varios vendedores afectados, quienes expresan su descontento ante lo que consideran un atropello por parte de las autoridades.
"Trabajamos arduamente para ofrecer productos frescos y de calidad a la comunidad, y aun así, la policía nos trata como delincuentes", afirmaron algunos de los vendedores afectados.
En respuesta, la policía ambiental defiende sus acciones, indicando que los decomisos se realizan en cumplimiento de la normativa establecida en el Decreto 075 de 1971, la cual sigue vigente y tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria de la población.
El Intendente León Castro, representante de la policía ambiental, declaró: "Nuestra labor es velar por el bienestar de la comunidad y asegurar que los productos que llegan a los consumidores cumplen con los estándares de salubridad y legalidad".
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