La operación fue ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, logrando la ocupación de 59 bienes, entre ellos 45 inmuebles, cuatro establecimientos de comercio, seis vehículos y varias sociedades. Las medidas cautelares impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio incluyeron la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de estos activos.
Entre las propiedades embargadas se destacan predios urbanos, fincas y casas de recreo, los cuales habrían sido adquiridos a través de maniobras financieras fraudulentas para ocultar el origen ilícito de grandes sumas de dinero. Los propietarios de estos bienes, incluidos aquellos en Córdoba, ya han sido capturados y condenados por su participación en este esquema de blanqueo de capitales.
La administración de los bienes incautados será asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras las autoridades continúan las investigaciones para desarticular por completo esta organización criminal y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
Este caso refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado, que continúa afectando diversas regiones del país, incluida Córdoba.
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