Triple homicidio y millonario robo de ganado: Fiscalía pide prisión para señalados en Córdoba

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó testimonios que vinculan a Juan Fernando Soto Garcés como el encargado de distribuir el ganado robado

Ciénaga de Oro, Córdoba. En el marco de una audiencia virtual reanudada este jueves, la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento intramural contra Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, señalados como responsables del asesinato del ganadero Esteban Rafael Urueta González y sus empleados Fredys Manuel Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado.

El fiscal Leonardo Manuel Urango presentó ante el juez Promiscuo Municipal de Ciénaga de Oro, José Luis Julio Hernández, un detallado recuento de los hechos que vincularían a los procesados con un caso de homicidio y hurto agravado de ganado, cuyo valor fue estimado en más de 929 millones de pesos.

Según el ente acusador, el conflicto inició cuando un transportador de ganado reclamó el pago de un servicio a Esteban Urueta en la finca Casa Rosa, en Cereté, argumentando que Cristian Petro no había cumplido con el compromiso. Desde entonces, Urueta empezó a exigirle un inventario del ganado, pero Petro evitaba responder.

Días después, Urueta fue citado en la Ciénaga de Corralito, zona rural de Chimá, donde supuestamente se encontraba el ganado. Sin embargo, en el sitio no se hallaron huellas ni estiércol que confirmaran presencia de animales. Posteriormente, tanto el ganadero como sus dos empleados fueron asesinados.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó testimonios que vinculan a Juan Fernando Soto Garcés como el encargado de distribuir el ganado robado, mientras que su hermano, Miguel Soto Garcés, aparece como vendedor de al menos una res hurtada, por lo que se solicitó ampliar la investigación en su contra.

En total, fueron recuperadas 157 cabezas de ganado: 110 en Guateque (Chimá) y Burro Muerto, 18 en Sitio Viejo y 28 en Carrillo (San Pelayo). Los animales fueron devueltos por compradores que, al conocer su procedencia ilegal, manifestaron haberlos adquirido de buena fe.

La Fiscalía también justificó la solicitud de medida privativa de la libertad al señalar riesgo de fuga. Petro Almanza y Soto Garcés abandonaron Montería rumbo a Cartagena, realizando varios traslados: desde el barrio La Castellana a San Pelayo, luego a Lorica y finalmente a Cartagena, donde pagaron en efectivo y pidieron evitar retenes policiales.

La diligencia judicial se tornó tensa cuando el abogado defensor, Lesmer Quintero, intentó aplazar nuevamente la audiencia. El juez le negó la solicitud, advirtiendo que no permitiría más dilaciones y recordándole que tuvo ocho días para preparar su defensa.