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Para algunos entendidos en el tema, la renuncia del inspector representa una posible victoria temprana para ASOVIDECOR
Herme Antonio Luna Villalba, quien debía liderar la audiencia sobre el caso de Villa Petro, presentó su renuncia un día antes, generando sospechas de posibles presiones externas.


A tan solo horas de realizarse una audiencia clave en el proceso contra ASOVIDECOR y la señora Yalenis Mazón, el Inspector de Policía Rural Zona 1 de Montería, Herme Antonio Luna Villalba, presentó su renuncia irrevocable, dejando en suspenso un trámite de gran relevancia para las familias del asentamiento Villa Petro.


La renuncia, dirigida al alcalde Hugo Kerguelén García y fechada el 3 de julio de 2025, alega “razones de carácter personal y familiar” para abandonar el cargo a partir de ese mismo día. Sin embargo, la coincidencia entre su salida y la audiencia prevista para el 4 de julio ha generado inquietud en sectores sociales, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.


La audiencia suspendida tenía como fin tratar la situación legal y humanitaria de varias familias asentadas en Villa Petro, quienes reclaman protección constitucional como sujetos vulnerables. Con la salida inesperada del inspector, el proceso quedó temporalmente paralizado.


¿Presiones externas?

Aunque la carta de renuncia no entra en detalles, líderes sociales temen que Luna Villalba haya sido objeto de presiones indebidas para tomar decisiones contrarias a la ley o desfavorables para las comunidades. La falta de una postura oficial por parte de la Alcaldía o la Secretaría de Gobierno no hace sino aumentar las sospechas.


Para algunos entendidos en el tema, la renuncia del inspector representa una posible victoria temprana para ASOVIDECOR, ya que retrasa un proceso en el que podrían haberse tomado decisiones determinantes sobre el futuro de los asentamientos en Villa Petro. El cambio abrupto en el curso del procedimiento favorece, al menos momentáneamente, a quienes enfrentaban cuestionamientos legales por parte de la administración.


La comunidad ahora se pregunta:


¿Se intentaba evitar una decisión que favoreciera a los habitantes de Villa Petro?


¿Quién se beneficia con el aplazamiento de la audiencia?


¿Qué garantías tienen los funcionarios para actuar con independencia?


Hasta el momento, no se ha informado si la audiencia será reprogramada ni quién asumirá el proceso en reemplazo del inspector saliente. La incertidumbre se mantiene, mientras la comunidad exige transparencia, protección de derechos y una investigación sobre las causas reales de la renuncia.


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