El magistrado pidió practicar al menos 17 pruebas antes de emitir decisión. El presidente Petro calificó la dilación como un “golpe de Estado”. |
Entre las pruebas decretadas se incluye una relacionada con el Decreto 0747 de 2025, el cual convocó a sesiones extraordinarias para subsanar vicios de trámite detectados en el proceso legislativo. El magistrado solicitó verificar si el presidente Gustavo Petro se encontraba en el país al momento de firmar dicho decreto el 27 de junio, pues esto podría invalidar su legalidad.
La decisión generó una fuerte reacción por parte del presidente Petro, quien desde su cuenta de X afirmó:
“Sé que Ibáñez no quiere la ley pensional y espera aplazarla por miedo a su efecto electoral. (…) Impedir su aplicación es un simple golpe de Estado”.
A estas declaraciones se sumaron miembros de su gabinete, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Trabajo, Antonio Sanguino, quienes cuestionaron la imparcialidad del togado y denunciaron una supuesta “extralimitación de funciones”.
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