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El grupo armado Dagoberto Ramos, vinculado al Estado Mayor Central, atacó con fusiles y explosivos en pleno acto cívico. El municipio se encuentra bajo constante amenaza por el control territorial de esta estructura.
Durante la mañana del domingo 20 de julio, mientras Toribío celebraba los actos cívicos por el Día de la Independencia, un ataque armado perpetrado por el grupo disidente de las FARC, estructura Dagoberto Ramos, obligó a suspender todas las actividades comunitarias y sembró el terror entre los habitantes.


La acción violenta, dirigida contra la estación de Policía del municipio, se extendió hasta zonas montañosas cercanas. Los atacantes emplearon fusiles y explosivos, y programaron el hostigamiento para coincidir con las celebraciones nacionales, interrumpiendo las ceremonias previstas en el pueblo.


Toribío forma parte del llamado “triángulo de la marihuana” del norte del Cauca —junto a Miranda, Corinto y Caloto—, región donde esta disidencia ejerce un fuerte control territorial sobre los cultivos ilegales. La estructura Dagoberto Ramos, al mando del Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco, ha establecido en Toribío una base clave para sus operaciones militares y financieras.


La Defensoría del Pueblo ha alertado que en este municipio también se concentran menores reclutados de manera forzada, y ha denunciado una crisis humanitaria persistente. Desde su aparición en 2016, este grupo armado ha sido señalado como responsable de más de 200 asesinatos de indígenas en el norte del Cauca, incluyendo el crimen de la gobernadora Cristina Bautista en 2019.


El reciente ataque se suma a una serie de episodios de violencia, como los hostigamientos simultáneos registrados en marzo de 2025 durante la conmemoración de la muerte de alias Tirofijo. En agosto de 2024, la Defensoría emitió una alerta temprana advirtiendo sobre los riesgos inminentes en Toribío, Miranda, Corinto, Caloto y Jambaló, territorios sometidos al poder armado de esta disidencia.


Las autoridades locales y organismos defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de una presencia estatal más efectiva y la implementación urgente de mecanismos de protección para las comunidades.



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