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La operación de retoma, caracterizada por el uso de tanques, helicópteros y fuego cruzado, derivó en más de 90 muertos, entre ellos magistrados, civiles y guerrilleros

Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia vivió uno de los episodios más trágicos de su historia reciente: la Toma y Retoma del Palacio de Justicia, en Bogotá. Un comando de 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) irrumpió en el edificio, tomando como rehenes a magistrados, empleados y visitantes.


Durante 28 horas de asedio, la capital fue escenario de un intenso enfrentamiento entre las fuerzas militares y los insurgentes. La operación de retoma, caracterizada por el uso de tanques, helicópteros y fuego cruzado, derivó en más de 90 muertos, entre ellos magistrados, civiles y guerrilleros, además de un incendio que consumió gran parte del edificio y valiosos documentos judiciales.


Diversos informes, incluyendo los de la Comisión de la Verdad, calificaron la respuesta militar como excesiva y desproporcionada, señalando casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La falta de seguridad preventiva, la desorganización operativa y el uso indiscriminado de la fuerza contribuyeron a la magnitud de la tragedia.


A cuatro décadas de los hechos, persisten la impunidad y las heridas abiertas. Aunque algunos altos mandos militares han sido condenados por desapariciones forzadas, la percepción general es que la justicia ha sido incompleta. La sociedad colombiana continúa dividida entre interpretaciones políticas y éticas del hecho, mientras las víctimas y sus familias mantienen vivo el reclamo de verdad, justicia y memoria.


El episodio, conocido como el “Holocausto del Palacio de Justicia”, sigue siendo un símbolo del costo humano del conflicto armado y un llamado permanente a la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos en Colombia.


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