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El funcionario de la DIAN fue asesinado a tiros cuando salía de su vivienda en la mañana del jueves 18 de diciembre.

Conmoción a nivel regional y nacional ha generado el asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la DIAN en Tuluá, ocurrido en la mañana del jueves 18 de diciembre, cuando salía de su vivienda con destino a su lugar de trabajo.


De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró hacia las 7:30 de la mañana, cuando el funcionario se movilizaba en su camioneta por vías del municipio de Tuluá. En ese momento fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.


Tras el crimen, Claudia Calao, hermana del funcionario asesinado, aseguró que su familiar había sido blanco de presiones luego de denunciar presuntas irregularidades al interior de la entidad.

“El error de él fue hacer bien su trabajo”, expresó, al señalar que Gilberto Calao había alertado sobre movimientos irregulares relacionados con devoluciones de saldos tributarios.


Según relató, Calao contaba con más de 16 años de servicio en la DIAN, la mayoría de ellos en Bogotá, y fue trasladado a Tuluá hace cerca de siete años como parte de una estrategia institucional para fortalecer el control fiscal y combatir la corrupción. Desde 2019, cuando asumió la dirección seccional, logró posicionar a la dependencia como una de las más eficientes del país en recaudo, alcanzando este año cerca del 98 % de la meta establecida.


La hermana del funcionario indicó que una semana antes de su asesinato, Gilberto Calao había puesto en conocimiento de sus superiores y de la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades por devoluciones de saldos, entre ellas un caso cercano a los 16.000 millones de pesos, que no corresponderían a los solicitantes.


Calao González, oriundo de Lorica, había superado recientemente un cáncer, enfermedad contra la que luchó durante más de dos años, recibiendo tratamiento médico especializado en Bogotá.


Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables, mientras distintos sectores exigen garantías de seguridad para los funcionarios que denuncian hechos de corrupción en el país.


 

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