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| La medida se enmarca en los avances del proceso de conversación sociojurídica que adelanta el Estado |
El Gobierno nacional dio a conocer la resolución 471 de 2025, mediante la cual se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.
La medida se enmarca en los avances del proceso de conversación sociojurídica que adelanta el Estado con este grupo armado, cuyas negociaciones iniciaron en Catar y cuyo reinicio formal está previsto para el 3 de marzo de 2026.
Zonas autorizadas
Según el documento oficial, los territorios donde los integrantes del grupo podrán ubicarse temporalmente son:
Zona rural de Tierralta, en Córdoba
Municipios de Unguía y Belén de Bajirá, en Chocó
La delimitación exacta de estas áreas está contenida en un anexo técnico de carácter reservado y será objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.
Suspensión de órdenes de captura y extradiciones
Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la suspensión de las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, para los miembros del grupo armado que hagan parte de los listados aceptados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
Esta disposición se sustenta en lo establecido por la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 2272 de 2022, y se aplicará tanto dentro de las ZUT como durante el desplazamiento hacia ellas.
Garantías institucionales y derechos de las víctimas
El Gobierno aclaró que en las zonas de ubicación temporal se mantiene plenamente la vigencia del Estado social de derecho, y que las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones sin excepción. Asimismo, se adoptarán medidas para garantizar la seguridad jurídica y humana, así como la protección de la población civil.
Desde el ingreso a estas zonas, se implementarán condiciones progresivas orientadas a la satisfacción temprana de los derechos de las víctimas, como parte de los compromisos del grupo armado en su tránsito hacia la vida civil.
Finalmente, el documento ordena a las entidades del Ejecutivo actuar de manera articulada para garantizar la seguridad y el desarrollo de programas integrales en estos territorios especiales.
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