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| A su juicio, los anuncios y decretos emitidos desde el nivel central no han tenido un impacto positivo en la seguridad de los territorios |
Zuleta afirmó que, desde el inicio de su administración, ha mantenido la disposición de trabajar por la paz y la reconciliación, con el propósito de ofrecer mejores condiciones de vida a los cordobeses. Sin embargo, fue enfático en señalar que esa voluntad no puede confundirse con silencio frente a la criminalidad ni con aceptar decisiones que, en la práctica, no se reflejan en mayor tranquilidad para la ciudadanía.
El gobernador se sumó a los cuestionamientos de distintos sectores frente a los resultados reales de la ‘paz total’ en las regiones. A su juicio, los anuncios y decretos emitidos desde el nivel central no han tenido un impacto positivo en la seguridad de los territorios. Como ejemplo, recordó recientes hechos de violencia en el país, entre ellos el asesinato de militares en el Cesar, varios de ellos oriundos de Córdoba, situaciones que profundizan la incertidumbre y el dolor en las comunidades.
Uno de los puntos más sensibles de su pronunciamiento fue la expedición de un decreto para abrir, por cuarta vez, diálogos con el Clan del Golfo en el municipio de Tierralta, sin que existiera consulta previa con la Gobernación, la Alcaldía ni con la sociedad civil. Para Zuleta, este tipo de decisiones debilitan la institucionalidad regional y envían un mensaje equivocado a las víctimas, a los campesinos y a quienes confiaron en procesos anteriores que no lograron resultados concretos.
“Córdoba no es la finca del Gobierno Petro”, afirmó el mandatario, al exigir respeto por la autonomía territorial y por el papel de las autoridades locales, que conocen de primera mano la complejidad del conflicto en el departamento. Insistió en que su postura no busca cerrar la puerta a la paz, sino exigir que esta se construya con reglas claras, compromisos verificables y una participación real de las regiones.
Finalmente, Zuleta reiteró que Córdoba necesita una política de paz y seguridad conectada con la realidad del territorio, que proteja a la población, fortalezca la institucionalidad y devuelva la confianza de la ciudadanía, sin decisiones unilaterales que desconozcan la voz de las regiones.
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