Consejo de Estado estudia demanda contra decreto del salario mínimo firmado por Petro

La acción judicial cuestiona el aumento del 23 % para 2026 y advierte que el Gobierno no aplicó los parámetros legales y constitucionales exigidos

Se conoció que en las últimas horas el Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda presentada en contra del decreto 1469, mediante el cual, el pasado 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro estableció el salario mínimo para este 2026.

En la acción judicial, se advierte que el decreto que fija el salario mínimo mensual legal vulneró varios principios constitucionales y legales, así como las bases de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y motivación suficiente de los actos administrativos.

Igualmente, se advierte que se presentó una “sustitución de los parámetros leales”, pues no existió un acuerdo claro entre las partes que discuten, como ha ocurrido durante décadas, sobre el nuevo monto del aumento.

Para fijar este monto se deben tener, entre otros factores, la inflación, la meta de inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, como lo señaló el presidente Petro en su alocución, y como es visible en el documento, el decreto “no determinó” el aumento del “23 % a partir de dichos parámetros”.

“El propio decreto confiesa que el porcentaje surge de la brecha entre el salario mínimo vigente y una estimación del salario vital elaborada por la OIT. Esto significa que el Gobierno no utilizó los parámetros legales para definir el incremento, sino que sustituyó el sistema legal por una regla de cierre de brecha no prevista por el Congreso”, alegó.

En otro de los apartes de la demanda se señala que en el mencionado decreto no se da ninguna justificación sobre el incremento del 23 % del salario mínimo, ni las bases para establecer el aumento.

La viabilidad de la demanda será estudiada por el magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Luis Eduardo Mesa Nieves.

Además  se pudo establecer que en los próximos días se radicarán varias demandas ante las autoridades judiciales para que se suspendan los efectos del cuestionado decreto.