| El Gobierno confirmó la reversión del corredor Cartagena–Barranquilla y el fin de un esquema de cobros que generó protestas durante años. |
La decisión pone fin a uno de los esquemas de cobro más cuestionados del norte del país, proyectado inicialmente para operar durante 35 años y que fue objeto de reiteradas protestas por parte de comunidades, transportadores y comerciantes, quienes denunciaron su impacto en los costos de movilidad y en la economía regional.
“Liberamos de siete peajes el Caribe. Así lo haremos con la zona cafetera”, escribió el mandatario en sus redes sociales, al señalar que la medida hace parte de una política más amplia de revisión de concesiones viales en el país.
El anuncio se materializa con la finalización anticipada del contrato que mantenía la concesionaria Autopistas del Caribe S.A.S. sobre el corredor Cartagena–Barranquilla. De acuerdo con lo informado, el proceso de reversión comenzará el 2 de enero de 2026 y se extenderá hasta junio del mismo año.
Una vez concluido ese trámite, la administración, operación y mantenimiento de la vía quedarán a cargo del Instituto Nacional de Vías, bajo un esquema de gestión pública directa. Desde el Ejecutivo se indicó que el cierre de los peajes busca reducir los costos de transporte, aliviar la carga financiera de los usuarios frecuentes y dinamizar la economía del Caribe.
Las estaciones de cobro se habían convertido en un foco permanente de inconformidad social debido a su impacto en los desplazamientos cotidianos y en la competitividad de los municipios cercanos al corredor, según reportes de medios regionales.
El camino hacia la eliminación de los peajes estuvo precedido por una compleja negociación entre la concesionaria y la Agencia Nacional de Infraestructura. En mayo de 2024, Autopistas del Caribe solicitó la terminación anticipada del contrato ante un tribunal de comercio internacional, argumentando inviabilidad financiera por el bajo recaudo, las protestas sociales y la imposibilidad de instalar nuevas estaciones de peaje en sectores como Arroyo Grande, en el municipio de Luruaco.
Inicialmente, la concesionaria reclamó perjuicios superiores a 1,29 billones de pesos. No obstante, el acuerdo alcanzado permitió reducir de manera significativa esa cifra y evitar un litigio que, según la ANI, podría haberse prolongado hasta 2027. Los pagos pactados se realizarán con recursos del patrimonio autónomo del proyecto y no afectarán el Presupuesto General de la Nación.
Durante un período de transición de 200 días, Autopistas del Caribe continuará operando la vía y administrando los peajes que actualmente funcionan en Turbaco, Sabanagrande y Galapa, con el fin de garantizar la continuidad del servicio hasta la entrega definitiva al Estado.
La eliminación de los siete peajes marca un cambio de fondo en la gestión del corredor vial y abre paso a un nuevo modelo de administración pública, mientras el Gobierno avanza en la revisión de otras concesiones estratégicas en Colombia.

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