El Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín impuso 48 horas de arresto tras comprobar el desacato a la orden judicial que obligaba a remitir de inmediato a la paciente para el reemplazo de su marcapasos.La decisión judicial se produjo luego de constatar que la entidad no dio cumplimiento a la orden emitida el 23 de enero
El Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín ordenó el arresto por 48 horas del interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Gálvez Mateus, al considerar que incumplió una acción de tutela que exigía atención médica inmediata a una paciente de 92 años con severas afecciones cardíacas.
La decisión judicial se produjo luego de constatar que la entidad no dio cumplimiento a la orden emitida el 23 de enero de 2026, en la que se exigía la remisión urgente de la mujer a un centro especializado en electrofisiología para realizar el retiro y reemplazo de un marcapasos bicameral.
Paciente permanece en UCI
Según el expediente, pese a varios requerimientos del despacho judicial, la EPS no gestionó el traslado ni presentó argumentos que justificaran la demora.
Mientras tanto, la paciente continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Manuel Uribe Ángel, ubicado en Envigado, en condición clínica delicada y con riesgo vital.
La agente oficiosa y cuidadora de la adulta mayor alertó sobre el progresivo deterioro de su estado de salud, señalando episodios de hipotensión, dolor en el pecho y compromiso hemodinámico que agravan su cuadro médico.
Posibles investigaciones penales
Al declarar el desacato, el juzgado recordó que el incumplimiento de un fallo de tutela constituye una falta grave contra los derechos fundamentales, conforme a los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
Además, advirtió que podría remitir copias a la Fiscalía para que se investiguen eventuales conductas punibles, entre ellas fraude a resolución judicial y omisión de socorro.
La decisión reabre el debate sobre la responsabilidad de las EPS frente al cumplimiento oportuno de órdenes judiciales, especialmente cuando están en juego la vida y la salud de personas en condición de vulnerabilidad.
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