| El organismo electoral analiza una denuncia por falsedad en la recolección de apoyos, mientras el panorama político se agita con nuevas alianzas y tensiones en la oposición |
Como parte del proceso, la magistrada sustanciadora solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil certificar el número total de apoyos presentados, cuántos fueron validados y las razones legales de aquellos que resultaron anulados o rechazados. La medida busca determinar si se vulneró el principio de buena fe en la etapa preelectoral. Tanto el candidato como los implicados tendrán un plazo de cinco días para presentar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.
Este procedimiento se desarrolla en medio de un ambiente político cada vez más tenso. En paralelo, el senador Iván Cepeda consolidó su aspiración presidencial tras recibir el respaldo de importantes centrales obreras que representan a más de 1.200.000 trabajadores. Desde sectores del progresismo, voces como la del representante Alfredo Mondragón aseguran que podrían imponerse en primera vuelta frente a figuras de la derecha como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
Al mismo tiempo, la oposición atraviesa divisiones internas tras las declaraciones de Miguel Uribe, quien señaló a Álvaro Uribe de presunta manipulación. En este contexto, la investigación del CNE se convierte en un nuevo desafío para los sectores del Centro Democrático y sus aliados en su intento por reorganizarse de cara a las próximas elecciones.

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