Las aspiraciones políticas que durante los últimos meses se han atribuido a Nancy “La Chofi” Jattin Martínez en el municipio de Lorica enfrentan un nuevo obstáculo tras la decisión judicial que condenó a su esposo, el empresario sahagunense Ottomar “Otto” Lascarro Torres, dentro del escándalo de corrupción de Centros Poblados.
El Juzgado 59 Penal de Conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra Lascarro Torres por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, acogiendo los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y las entidades afectadas por los hechos investigados.
De acuerdo con la investigación, el empresario habría facilitado las compañías Omega Buildings e Intel de la Costa para acreditar experiencia técnica que posteriormente fue utilizada por la Unión Temporal Centros Poblados durante el proceso de contratación adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Las autoridades sostienen que dicha experiencia fue empleada de manera irregular para cumplir requisitos exigidos en la licitación que terminó con la adjudicación de un contrato superior a un billón de pesos destinado a llevar conectividad a miles de instituciones educativas rurales del país. El proyecto se convirtió posteriormente en uno de los mayores escándalos de contratación pública de los últimos años en Colombia.
Aunque Nancy Jattin no ha sido vinculada judicialmente al proceso ni figura entre los investigados por este caso, la condena contra su esposo tiene repercusiones políticas inevitables. La exalcaldesa de Lorica había sido mencionada en distintos sectores políticos como una posible candidata para regresar al primer cargo del municipio en futuras elecciones.
La decisión judicial llega en un momento en que diversos grupos políticos comenzaban a evaluar nombres para la próxima contienda electoral en Córdoba. En ese contexto, el fallo contra Lascarro Torres podría afectar la percepción pública alrededor de cualquier proyecto político asociado a su círculo familiar y convertirse en un factor de debate durante la campaña.
El caso Centros Poblados continúa siendo uno de los episodios más recordados de presuntas irregularidades en la contratación estatal reciente. La investigación reveló cómo se habrían utilizado documentos y certificaciones para respaldar requisitos de experiencia que resultaron determinantes en la adjudicación del contrato.
Aunque aún resta la lectura de la sentencia y la definición de la pena que deberá cumplir Lascarro Torres, el sentido de fallo condenatorio marca un nuevo capítulo en un proceso judicial que sigue generando consecuencias más allá de los estrados, especialmente en regiones donde algunos de sus protagonistas mantienen influencia política y empresarial.
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