Un año después del atentado contra el precandidato presidencial, la Fiscalía reveló los nombres de seis señalados integrantes de la Segunda Marquetalia que habrían ordenado el crimen. La investigación también destapó amenazas contra fiscales y el uso de menores de edad en la ejecución del ataque.La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre la investigación del asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá.
Durante una entrevista con Blu Radio, Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, informó que seis presuntos integrantes de la estructura armada ilegal conocida como la Segunda Marquetalia fueron identificados como los determinadores del crimen.
Según la funcionaria, los señalados son Iván Luciano Marín Márquez, José Aldinever Sierra, Gener García Molina, Alberto Cruz Lobo, Jhon Jairo Arias Bedoya y Diógenes Medina Hernández, quienes ya fueron vinculados formalmente al proceso judicial.
Jaramillo también reveló que la magnitud del caso obligó a reforzar las medidas de seguridad para los fiscales encargados de la investigación, debido a amenazas de muerte dirigidas tanto a ellos como a sus familiares.
Las pesquisas establecieron que la organización criminal había planeado inicialmente ejecutar el atentado en la localidad de Bosa, pero fallas logísticas impidieron concretarlo. Tras ese intento frustrado, la estructura habría intensificado las labores de seguimiento y coordinación para evitar un nuevo error.
Otro de los hallazgos de la investigación señala que el grupo intentó reclutar inicialmente a un menor conocido con el alias de “El Churco”, quien desistió de participar tras conocer la identidad del objetivo y los riesgos que implicaba la operación. Posteriormente, la organización habría contactado a otro adolescente, identificado como alias “Tianz”, de 14 años, quien finalmente ejecutó el ataque.
De acuerdo con la Fiscalía, la utilización de menores de edad respondió a una estrategia para aprovechar los beneficios y reducciones de penas contemplados en el sistema penal juvenil colombiano.
A un año del magnicidio, las autoridades reportan avances significativos en el esclarecimiento del caso, que ya deja varias personas condenadas y una estructura criminal señalada de planear uno de los hechos políticos más impactantes de los últimos años en Colombia.
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