La Sala Plena del Consejo de Estado dejó sin efecto la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años que la Procuraduría General de la Nación había impuesto al exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus, quien gobernó el departamento entre 2012 y 2015.
La decisión está relacionada con un proceso disciplinario por el pago de $7.886 millones a diferentes IPS para terapias de neurodesarrollo dirigidas a población de bajos recursos, sin que previamente se hubieran celebrado los respectivos acuerdos de voluntades o contratos.
En agosto de 2023, la Procuraduría ría sancionó a Lyons al considerar que había omitido sus deberes de vigilancia y control sobre la actividad contractual que había sido delegada.
Sin embargo, al revisar el caso, el Consejo de Estado determinó que el término legal para ejercer la acción disciplinaria ya había vencido cuando se produjo la actuación sancionatoria de la Procuraduría.
Por esta razón, la Sala Plena concluyó que operó la prescripción de la acción disciplinaria, dejando sin efecto la sanción dentro de este proceso.
La prescripción significa que, una vez transcurre el plazo establecido por la ley para adelantar la actuación disciplinaria, el Estado pierde la posibilidad de imponer la correspondiente sanción por esos hechos.
La decisión del Consejo de Estado corresponde específicamente a este proceso disciplinario y a la aplicación de las reglas de prescripción de la acción.
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