El condenado era representante legal de varias fundaciones de víctimas en Córdoba y prestó su nombre para quedarse con contratos de la Secretaría de Salud de Córdoba.
Edson Emérito Sánchez Moreno, quien era representante legal de fundaciones sociales en Córdoba, fue condenado a 11 años y tres meses de prisión por la apropiación ilegal de cerca de $3.000 millones destinados a la atención de población desplazada en esa zona entre 2012 y 2013. El condenado prestó su nombre para quedarse con dos contratos de la Secretaría de Salud de Córdoba.
Según el director contra la corrupción de la Fiscalía, Eduard Alirio Calderón, “la sentencia está relacionada con su participación en un entramado de corrupción en el que se desviaron y apropiaron recursos destinados para la atención de la población desplazada por valor de $2800 millones”. Igualmente, Sánchez tendrá que pagar una multa de 20.000 salarios mínimos, lo que equivale a alrededor de $11′790,000,000
Por su participación en los contratos firmados entre 2012 y 2013, Sánchez fue declarado responsable de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir agravado.
Adicionalmente, la Fiscalía presentó pruebas de que Sánchez Moreno había firmado facturas, realizado cobros y presentado soportes de ayudas humanitarias inexistentes. Los documentos que presentó el exrepresentante, con el objetivo de demostrar cumplimiento, habían sido falsificados, incluidos los de contratación y pago de nómina; esto, teniendo en cuenta que muchos de esos recursos tenían como destino trabajadores que nunca fueron contratados.
A su vez, se conocieron pruebas de que parte de los recursos desviados fueron entregados a terceros que tuvieron alguna participación en la desviación del dinero para la atención de salud de la población desplazada. Ante las pruebas y la aceptación de culpabilidad de Sánchez, un juez del Circuito Penal Especializado de Montería, decidió, además de la multa económica y la privación de su libertad, condenarlo a nueve años de inhabilidad para ejercer funciones públicas.
La captura de Sánchez Moreno se había dado en mayo 2019, junto con la de Lina Marcela Pérez Petro, Lilia Pineda Doria y Manuel Salas Berrío, funcionarios en ese entonces de la Gobernación de Córdoba, a quienes se les señaló de actos de corrupción en el manejo de contratos de la Secretaría de Salud del departamento. Todas estas capturas se dieron en el contexto del Cartel de la hemofilia, en el que se destituyó al entonces gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y se le inhabilitó por 12 años.
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