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Pese a que el proceso de reestructuración de pasivos está en vilo, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, dijo que no pagaré un solo peso hasta tanto tenga la certeza respecto de la legalidad y probidad de las cuentas presentadas por cualquier IPS o prestador de servicios de salud.


Sostuvo que eso lo hace en aras de salvaguardar la legalidad, el patrimonio del departamento y seguir recobrando la confianza de los cordobeses y del país.


"El no pago de las acreencias a favor de la demandante no es caprichosa, obedece a una salvaguarda de la moralidad administrativa y protección del patrimonio público, toda vez que en el pasado reciente del departamento se originaron actuaciones fiscales, disciplinarias y penales contra los funcionarios que pagaron otras facturas de servicios de salud con el mismo objeto y proveedor, y que además son hechos públicos y notorios", indicó el mandatario seccional.


El pronunciamiento lo hizo luego de conocer oficialmente que la Superintendencia de Sociedades negó la solicitud nulidad pretendida por la Gobernación de Córdoba, la cual tenía por objeto que se dejaran sin efectos las decisiones adoptadas en la audiencia celebrada el pasado 2 de junio de 2021, en la cual se advertía la terminación de la ley de reestructuración de pasivos.


La queja fue interpuesta por los representantes legales de la IPS Funtierra, quienes reclaman el pago por concepto de terapias de neurodesarrollo de años anteriores. Sin embargo, Benítez ha señalado que con anterioridad a la presente decisión ha venido adelantando el proceso de auditoría de las cuentas médicas presentadas por la IPS demandante, a través de la Universidad de Cartagena.


"Respetamos y acatamos las decisiones de carácter judicial, pero estamos en el deber de proteger los recursos de la salud, de manera que cumpliré los resultados de la auditoría que viene adelantando la Universidad de Cartagena, de manera independiente y transparente", puntualizó

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