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Luego de una visita a varios centros transitorios, URI y estaciones de Policía del departamento la Defensoría del Pueblo llamó la atención por las pésimas condiciones en las que están estos sitios de detención transitoria.


Entre las principales afectaciones encontradas: alto grado de hacinamiento y estancias prologadas. 


Se reportan, por ejemplo, casos de personas que llevan más de 18 meses en sitios cuya naturaleza es recibir personas por no más de 36 horas.


Hay dificultades en el acceso a los servicios de salud, elementos de aseo y alimentos. Así mismo, el hacinamiento obliga a que personal de la Policía Nacional ejerza custodia y cuidado de estas personas y no sus labores propias de vigilancia y seguridad ciudadana.


Instamos a los entes territoriales a adelantar las acciones necesarias para garantizar los DDHH de esta población: alimentación, vigilancia, remisiones, servicios médicos, aseo, entre otros. 

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