A través de su cuenta de Twitter el mandatario departamental insistió en que la ciudadanía necesita tener garantías de seguridad y tranquilidad, para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
“Me preocupa la seguridad y el orden público de nuestra capital. El pueblo reclama paz, tranquilidad y seguridad”, dijo.
Aunque el gobernador reconoció que la máxima autoridad de la capital cordobesa es el alcalde, ofreció su apoyo para la implementación de medidas que contrarresten el accionar violento y delictivo.
“Si bien es cierto que la máxima autoridad de Policía en Montería es el alcalde, estoy dispuesto a brindar todo el apoyo que la administración municipal y la Policía Metropolitana requieran”, precisó.
La situación de orden público de la ciudad es preocupante, según las estadísticas de la Policía Nacional durante el pasado mes de enero se registraron 9 homicidios, lo que equivale al 23% de los casos ocurridos en todo el departamento.
Por su parte el Alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia se pronunció al respecto también desde su cuenta de Twiter y dijo “Señor gobernador, importante ofrecimiento que hace a la Policía Metropolitana y, dadas las cifras del departamento, le pedimos aumentar acciones de seguridad en Córdoba que impactan en Montería. Fortalecer controles en corredores de movilidad, rutas de organizaciones criminales” dijo el mandatario.
Así mismo afirmó que Montería recoge la problemática social producto del actuar de los grupos armados organizados que delinquen en la región. Diariamente recibimos una decena de desplazados provenientes del bajo Cauca, zona costanera y alto Sinú.
Lo que ocurre en el país y en el sur de Córdoba no es ajeno a la capital. Los bandidos no respetan fronteras. En Cereté los hechos de homicidio este año han aumentado 267%, en Ciénaga de Oro y Chinú 100% y en Montería 58%. En Córdoba, el incremento es del 67%.
Este porcentaje en Montería es la suma de hechos como criminalidad interna, desplazamiento y reorganización de las bandas criminales en las zonas cercanas a la capital en las que existe un recrudecimiento de la violencia por el control de las rutas del narcotráfico y minería.
Requerimos trabajar coordinada y articuladamente, para atender riesgos sociales y agentes generadores de inseguridad que afectan tanto a la ciudad como al departamento. Para ello, persistamos en mejorar las capacidades operacionales de la fuerza pública y organismos de justicia.
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