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La situación jurídica del contratista Emilio Tapia se agravó luego de que la Fiscalía General le imputó los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación, dentro del escándalo de Centros Poblados , los cuales no aceptó y, por el contrario, desde la cárcel de Ibagué se declaró inocente.


Emilio Tapia ya enfrenta un juicio por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, pero en esta ocasión la Fiscalía busca que se le condene, además, por el delito de peculado por apropiación y falsedad en documento privado, por hechos que están ligados a los que llevaron a la privación de su libertad.


La fiscal anticorrupción explicó que Tapia es responsable por falsificar el documento de la constitución de la Unión Temporal y de apropiarse de dineros públicos.


“La falsedad en documento privado es porque el 24 de octubre en Barranquilla, usted señor Emilio José Tapia, en compañía de Otomar Lascarro Torres y Juan José Laverde, falsificaron el documento para la conformación Unión Temporal Centros Poblados 2020, integrado por las empresas Funtic, ICM Ingenieros, Omega Building e Intel de la Costa, teniendo por objeto la presentación conjunta de una propuesta al Funtci, presentando propuesta por un mismo proponente para ambas regiones”, detalló la fiscal.


Agregó que el peculado por apropiación se dio por los pagos que se hicieron entre las empresas Nuovo Security e Incelsa, controladas por Tapia, para gastos personales que no formaban parte del objeto del contrato.


“A través de estas empresas se hicieron pagos que no corresponden con el objeto del anticipo. Emilio José Tapia realizó pagos por concepto de compra de vehículo, obra de arte, horas de vuelo, pago a terceros y préstamos personales por valor de 4.553 millones. Adicionalmente, Emilio José Tapia dispuso el giro de 300.000 dólares equivalentes a 1.118 millones para el primer giro de compra, que fue recibido por Otomar Lascarro y Juan José Laverde”, añadió la fiscal del caso.


De esta manera, Tapia enfrentará un nuevo juicio por estos delitos que se desprenden de los hechos de corrupción del escándalo de Centros Poblados.


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