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La directora Patricia Tobón y el secretario de transparencia de la República denunciaron predios inmuebles arrendados a $4.000 mensuales y otras irregularidades.


La directora de la Unidad de Víctimas Patricia Tobón, y el secretario de transparencia de la República, Andrés Idárraga, denunciaron distintos hallazgos de presuntas irregularidades en el Fondo para la Reparación de las Víctimas.


Dentro de las graves denuncias señalaron que por ejemplo hallaron 43 bienes inmuebles (casas, fincas, y otros predios) arrendados a precios entre los $4.400 y los $100.000 mensuales.


Asimismo, alertaron que hay bienes entregados sin revisión de antecedentes judiciales y bancarios de las personas adjudicatarias, un señor llamado Gustavo Adolfo Quevedo recibiendo arriendos personalmente, varios bienes a nombre de una sola persona, y lo más delicado, predios entregados que no cuentan con contrato de arrendamiento.


También, expresaron que más de 10 familias cuentan con varios miembros en distinta consanguinidad trabajando en el Fondo, calificando esto como una “gran empresa familiar” y señalando que en la Unidad para las Víctimas vendría pasando algo similar.


“Estamos hablando de una gran empresa familiar, de 13 grupos familiares trabajando en el Fondo para la Reparación de víctimas, estamos hablando de 31 personas, lo cual nos parece de entrada poco transparente, eso también lo vamos a analizar. Tenemos hasta grupos de 3 y 4 núcleos de hermanos” expresó.


Además, directamente la directora denunció ocultamiento de información por los propios funcionarios de la entidad, expresando que les ha tocado “pararse al lado” de los subalternos para que le entreguen lo solicitado en referencia al Fondo.


El secretario de transparencia de la Presidencia por su parte señaló haber recibido información sobre una supuesta limitación del exdirector de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, al órgano de control interno de la entidad.


“Nos informa el jefe de control interno a la directora Patricia y es una intervención al parecer, de la independencia del órgano de control interno, por parte del exdirector de la Unidad de Víctimas, al parecer hubo una limitante según reporta por escrito el jefe de control interno ante la posibilidad de hacer auditorías a los procesos y la información de la unidad” afirmó Idárraga.


Ante todas estas denuncias en la evaluación al estado del Fondo, desde la Unidad y la Secretaría de Transparencia solicitaron una auditoría forense a los entes de control penal, disciplinario y fiscal “ante cosas tan graves” y señalaron que se continúa investigando la identidad de las personas que estarían irregularmente a cargo de bienes que deben ser para el provecho de las víctimas.

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