Miembros del gabinete de la Gobernación, la Fuerza Tarea Conjunta Aquiles, el Ejército, la Policía Nacional, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal, la Fiscalía, así como los alcaldes de La Apartada, Montelíbano, Ayapel, Puerto Libertador y San José de Uré, participaron en una sesión extraordinaria ampliada del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en respuesta a las afectaciones de orden público y desabastecimiento generados por el paro minero en el sur de Córdoba.
Durante la sesión, se socializaron y analizaron las situaciones presentadas en esta zona del departamento, incluyendo los bloqueos de vías, la falta de acceso a servicios básicos y el incremento de la inseguridad. También se tomaron medidas para restaurar el orden público en los municipios afectados.
El paro minero ha generado graves afectaciones en la región, con manifestaciones que han obstaculizado el tránsito de vehículos y la distribución de bienes y servicios. Además, las empresas mineras han cesado sus operaciones, lo que ha llevado a un importante desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos en la región.
Las autoridades locales han estado trabajando para abordar estos desafíos y garantizar la seguridad y el bienestar de la población. El Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana se convierte en una herramienta importante para coordinar los esfuerzos de los diferentes organismos y actores involucrados y encontrar soluciones para restaurar la normalidad en la región.
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