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La Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior de Córdoba, liderada por el magistrado Amilcar Alfonso Díaz Díaz, ha confirmado la sentencia de 78 meses de prisión contra el exalcalde de Cereté José Antonio García Ordóñez, Luis Fernando Ortiz Villafañe, Juan Carlos García Calume y Jorge Luis Madrid Novoa.
La condena fue por los delitos de peculado por apropiación en concurso con el contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Estos sujetos ya habían sido condenados a la misma pena por el Juzgado del Circuito Penal de Cereté el 7 de abril de 2021, pero apelaron la sentencia.
La investigación se inició debido a la apropiación prevista de 500 millones de pesos destinados a la construcción, mantenimiento y funcionamiento de las instituciones educativas condenadas del municipio de Cereté, incluyendo el Colegio Marceliano Polo, Colegio Severá y Escuela Cuero Curtido. El contrato debió ser ejecutado en un término de nueve meses, lo que no sucedió.
El exalcalde de Cereté, José Antonio García Ordóñez, ha tenido problemas judiciales anteriormente por su captura en octubre de 2018 por el presunto delito de extorsión contra el comerciante y prestamista Tiberio Llorente Ospino. Después de las audiencias concentradas, el juez de garantías le otorgó la libertad pero quedó vinculado a la investigación.
El 12 de marzo de 2003 se suscribió el convenio 001 del 2003 entre el municipio de Cerete y la Asociación de Municipios del San Jorge (ASOSANJORGE) para la ejecución de los recursos de educación en infraestructura. El convenio fue cancelado en su totalidad el 9 de octubre de 2003, fecha en la cual fue realizado el último pago, a pesar de que los trabajos estaban inconclusos y el interventor no había aportado el acta final de la obra.
En resumen, la Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior de Córdoba ha confirmado la sentencia de 78 meses de prisión contra el exalcalde de Cereté José Antonio García Ordóñez, Luis Fernando Ortiz Villafañe, Juan Carlos García Calume y Jorge Luis Madrid Novoa por los delitos de peculado por apropiación en concurso con el contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, el exalcalde ha tenido problemas judiciales anteriores relacionados con el presunto delito de extorsión contra un comerciante y prestamista en 2018.
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